El anteproyecto de Ley de Farmacias, que se debate actualmente en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, prohíbe el funcionamiento de cadenas de farmacias, impide trabajar a los visitadores médicos y coloca a la Asociación de Propietarios de Farmacias (Asprofar) en la tarea de regulador de los precios de los fármacos.
El texto del proyecto de ley que ya ha sido aprobado en su mayoría por la comisión, pronto comenzará a recibir a representantes de los sectores que lo critican. Se cree que el plenario de la Asamblea tratará el tema en la próxima gestión legislativa.
El impulsor de la ley es el diputado Edwin Tupa, del MAS, quien es regente farmacéutico y a quien Página Siete intentó contactar para que se refiera sobre el tema, pero ello no fue posible.
La propuesta de ley señala que solamente profesionales bioquímicos-farmacéuticos, químico-farmacéuticos o farmacéuticos pueden ser propietarios de farmacias. Esto implica el cierre de las cadenas, porque sus dueños por lo general tienen otras profesiones.
El cierre de las cadenas de farmacias implicaría los despidos de unos 3.000 funcionarios, según estimaciones del sector.
Otro aspecto polémico es que establece que los visitadores médicos, que son alrededor de 10.000 en el país, deben tener título de químicos o bioquímicos farmacéuticos. Los visitadores en Bolivia por lo general no tienen profesión y si se aprueba la ley, ellos quedarían sin trabajo.
Otro artículo del proyecto plantea la creación del Servicio Nacional de Medicamentos y Tecnología Médico-Sanitaria (Senamet), que se encargaría de supervisar y regular los precios, importación y distribución de los medicamentos. Senamet estaría bajo dirección directa del ministerio del sector, el Colegio de Bioquímica y Asprofar.
Críticos de la ley señalan que es ilógico que los propios propietarios de farmacias, congregados en Asprofar, puedan regular los precios. Ello los coloca en una posición de “juez y parte”, dijeron fuentes que critican el tenor de la norma propuesta.
El presidente de esa comisión, Alejandro Zapata, señaló que ese texto aún busca el consenso entre los sectores implicados.
Representantes de las cadenas de farmacias, la Cámara de Industria de Productos Farmacéuticos y empresarios del sector de comercio de material y equipamiento odontológico, son algunos que ya cuestionaron ese proyecto, detalló el diputado.
Señaló que entre las observaciones, se apuntó que este proyecto estaría dirigido a desaparecer las cadenas de farmacias”. La diputada Adriana Gil descartó esa posibilidad, y aclaró que aún falta debatir el contenido de esta propuesta.
El presidente de la comisión argumentó que este documento busca ante todo favorecer a la población, lo cual implica el acceso de medicamentos a bajos costos. En contraparte, Gil expone que representantes de las cadenas argumentaron que sus sucursales otorgan servicios que las boticas pequeñas no brindan.
Zapata añadió que debido a que limita la labor de visitadores médicos a los profesionales bioquímicos o farmacéuticos, se discrepó con el alcance del proyecto: “Es una observación que se presentó que provocaría una acción contra instituciones que generan empleo”.
Gil reiteró que el proyecto “tuvo muchísima oposición” de actores de ese rubro que fueron ignorados en la elaboración de la propuesta: “Lo planteó un solo sector relacionado al aspecto farmacéutico sin ningún consenso”, dijo la diputada, refiriéndose a Asprofar.
Esa instancia propone ser reguladora de precios de fármacos, entre otras atribuciones. Gil infiere que ésta no podría –por ejemplo- fiscalizar, ya que la Aduana es llamada a realizar esa función respecto al ingreso de fármacos al país. Zapata añade que se observó que, en general, podría quitar atribuciones al Ministerio de Salud.
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