Caracas, 31 Ene. AVN.- La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en segunda discusión y sancionó el proyecto de reforma de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con el voto favorable de los diputados socialistas.
"Se declara sancionado el proyecto de reforma de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y se remite al Tribunal Supremo de Justicia!", dijo el presidente del Parlamento, diputado Diosdado Cabello.
El máximo tribunal del país determinará el carácter orgánico y constitucional de este instrumento legal.
El instrumento legal, que consta de 89 artículos, busca "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar" los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas, como lo indica su artículo 1, y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano.
Estado general de sospecha
En nombre de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, el diputado Miguel Pizarro (Podemos-Táchira) denunció ayer que la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo declara un "estado general de sospecha" en el país.
"El ciudadano está obligado a ser un sapo de cualquier cosa que le parezca sospechosa", alertó Pizarro, al cuestionar la norma sancionada por la AN la noche del martes pasado.
"El ciudadano está obligado a ser un sapo de cualquier cosa que le parezca sospechosa", alertó Pizarro, al cuestionar la norma sancionada por la AN la noche del martes pasado.
El artículo 13 del texto establece: "los sujetos obligados deben prestar especial atención a cualquier transacción o grupo de transacciones independientemente de su cuantía y naturaleza, cuando se sospeche que los fondos, capitales o bienes, provienen, están vinculados o podrían, ser utilizados para cometer delitos (...) deberán prestar especial atención a tales actividades aun cuando provengan de una fuente lícita.".
El reporte de "actividades sospechosas" no acarrea responsabilidad penal y quien no proceda enfrentará multas de 500 a mil unidades tributarias.
Los "sujetos obligados" a los que se refiere la norma van desde bancos hasta partidos políticos y asociaciones civiles, pasando por abogados y administradores que trabajen por cuenta propia, corredores de seguros y un largo etcétera.
Pizarro censuró la constitución de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. "Crean una súper oficina que puede intervenir llamadas y cuentas bancarias", alertó el representante.
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