Se inyectó las nalgas y a los tres meses no podía caminar

Con 1.000 cc de una sustancia llamada Biofil, Taylee Castellanos corrigió varias áreas de flacidez en sus glúteos. “Busqué en Internet y aparecían maravillas, conocí a 5 personas que me lo recomendaron y me lo vendieron como un producto inocuo”. La sesión del tratamiento se la realizó en diciembre de 2010. Tres meses después, la sustancia, -un biopolímero-, migró a la espalda y a los talones. “A los tres meses de la inyección me comenzó un dolor de espalda que me imposibilitaba caminar”, señaló la joven de 29 años de edad.

Para masoquistas.

Tibisay López se sometió en julio a dos sesiones de inyecciones de biopolímeros aunque sabía que eran dañinos. “Había visto la información en Internet, que decía no a los biopolímeros. Pero el médico esteticista me dijo que él nunca había tenido problemas, que todo dependía de la aplicación”.

Así se inyecten en el quirófano más aséptico, estas sustancias son peligrosas porque el cuerpo no las tolera. En el caso de López fueron más de 20 inyectadoras de 5 cc, en dos sesiones con anestesia local, para completar los 500 cc que lleva en cada nalga.

El esteticista pidió el producto por teléfono y se lo enviaron por correo postal. “El envase tenía una etiqueta dorada que decía biopolímeros”.

A los dos meses de las inyecciones se le enrojecieron las nalgas. “A veces se ponen moradas, casi cianóticas”. Acudió a la misma peluquería donde le hicieron el aumento, que pagó a crédito, y le aplicaron ultrasonido y masajes, porque supuestamente requería arreglos. Ahora empieza a sufrir las consecuencias.

“Aún no me ha migrado, pero siento dolores de cabeza, fiebre, la nalgas se me calientan muchísimo, tengo dolor de piernas. Esto es para masoquistas. No puedo ir a la playa, no puedo llevar una vida normal y tengo miedo a morirme”.

Inspecciones.

Divis Antúnez, director de Contraloría Sanitaria, informó que se inicia un nuevo plan de inspecciones en establecimientos ubicados en 5 centros comerciales de Caracas. Señaló que luego de la prohibición no han encontrado biopolímeros durante las visitas realizadas. Los locales sin permiso sanitario o que usen productos no registrados, son cerrados.

Fuente: La Patilla

Comentario de la redacción:  

A pesar de las múltiples advertencias de los representantes del Ministerio de Salud contra este tipo de intervenciones, en las que se aplican sustancias no autorizadas por parte de personal no calificado para realizarlas, la población persiste en ignorarlas y sigue sometiéndose a esos tratamientos con el consecuente daño a la salud y posiblemente, con repercusiones a su vida.

Si bien es cierto que los derechos a la vida y la salud de las personas son obligación del Estado, tal como lo plantean los artículos 43 y 83 de nuestra Constitución nacional (Artículo 43.- El derecho a la vida es inviolable; Artículo 83.- La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida), no es menos cierto que los principales responsables de lo que ocurra con nuestro cuerpo, somos nosotros mismos.

Así, cuando adquirimos por internet unos medicamentos cuyas cualidades ignoramos, cuando los compramos fuera de una farmacia; cuando nos colocamos unos brackets, nos realizarnos un blanqueamiento dentario u obtenemos una prótesis odontológica en puestos de buhonero; o como en este caso, se acude a la peluquería para corregir áreas de flacidez en los glúteos, estamos atentando contra nuestra salud (hecho propio de la víctima), porque son muchas las situaciones que se producen alrededor de ese acto, que no pueden ser manejadas por las personas que las ejecutan. Por ello, el Estado, en cumplimiento del mandato constitucional, ha encomendado a los profesionales el respectivo ejercicio, para que éstos garanticen los derechos a la salud y la vida de las personas.

El Estado garantiza los derechos a la vida y salud de la población, vigilando los profesionales que ejercen las carreras (en este caso, del área de la salud); fiscalizando los lugares donde ellas se ejercen  (establecimientos farmacéuticos, clínicas y hospitales) e inspeccionando los medicamentos, materiales y equipos correspondientes.

Por otro lado, al producirse una lesión en cualquiera de esos casos, no podemos exigir responsabilidad profesional, ya que dichos procedimientos no son ejecutados ni por profesionales de la salud, y mucho menos por personal calificado.  

Desde esta tribuna hacemos un llamado a la población venezolana, para que confíe en sus profesionales debidamente acreditados y legalmente autorizados para prestarle atención sanitaria.

Recuerden, solo en los centros de salud debidamente autorizados por el Estado, puede garantizarse el derecho a la salud y a la vida de  la población.  

Luis E. Leal G.