La apropiación indebida de bienes públicos y privados forma parte de las
entrañas de nuestra formación social desde su mismo origen. La corrupción, en
sentido amplio, sigue vigente hoy en día, con toda virulencia y omnipresencia.
La de mayor magnitud y perjuicio para el patrimonio del Estado y de los
contribuyentes se da en el comercio exterior, así como en actividades
económicas locales de enriquecimiento rápido, ilegal y/o criminal. Ejemplo
lacerante es el robo permanente al patrimonio público desde las mismas
dependencias del Estado y desde el sector privado. El resultado más común son
ingentes fortunas mal habidas, en manos privadas.
SAQUEO
VÍA AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
El énfasis puesto en el
saqueo de bienes públicos por personas privadas, físicas y jurídicas, no nos
debe hacer perder de vista que dicho saqueo se produce así mismo dentro del
sector privado, sin que el sector público sea la víctima ni la intermediaria de
tamaña usurpación sistémica. Sin embargo, los delitos económicos privados
aparentan permanecer menos impunes que los que se perpetran contra el
patrimonio del Estado. Dentro del sector público, las formas más recurrentes de
apropiación ilegal son las que se dan con la evasión tributaria de todo tipo,
en transacciones internas y en comercio exterior, así como con piratería y falsificación.
Aquí también entran en acción las mafias y las transnacionales del delito. En
casos extremos, cada vez más frecuentes, llegan al secuestro con fines
extorsivos, a veces, con consecuencias fatales para las víctimas.
LOS
QUE DEBERÍAN DAR EL EJEMPLO, ROBAN.
Lo grave es cuando los
mismos funcionarios públicos, desde cargos en los que las más encumbradas
autoridades deberían dar buen ejemplo, echan mano a la apropiación indebida de
bienes públicos. Se pone énfasis en la calificación “indebida”, ya que en
numerosos casos las decisiones son aparentemente legales, pero contra toda
lógica y ética. Eso es lo que ocurre con la desproporcionada autoasignación de
haberes públicos que realizan en dinero y en especie, por ejemplo, Diputados y
Senadores, en mayoría, y con la excesivamente generosa remuneración que dan a
sus asesores y colaboradores, frecuentemente amigos o parientes. Mal o peor
ejemplo dan también ciertos directores, consejeros y asistentes en la parte
paraguaya de las entidades hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá. En
términos de autoasignación de públicas remuneraciones siderales, el nivel de
las mismas supera varias veces el que debería ser determinado de conformidad
con los “precios relativos” en economía. Por otro lado, sobrepasa la
imaginación el perjuicio al patrimonio público a consecuencias de la venta
ilegal de tierras del Estado a precios irrisorios, incluso por las mismas
instituciones encargadas de su adecuada distribución con fines de reforma
agraria. Para calcularlo habría que incluir a todas las oficinas públicas
estafadas por sus mismos funcionarios y determinar previamente el lapso de la
medición.
COSTO
DE LA CORRUPCIÓN.
A nivel nacional, el
costo de la corrupción, así definida y con el modus operandi brevemente descripto,
es de casi imposible cuantificación. Estimaciones burdas dan cuenta de que la
evasión tributaria oscilaría en torno al 50%, en el sentido de que se recauda
solo la mitad de lo que debería recaudarse, y que el contrabando de exportación
e importación de bienes de comercialización permitida ascendería a unos 5.000
millones de dólares anuales. También el megacontrabando de mercaderías de
comercialización expresamente prohibida (estupefacientes, armamentos, rollos de
madera, medicamentos con plazos vencidos, pieles silvestres, etc.), es
gigantesco en volumen y en valor. Son recursos financieros usurpados a las
políticas públicas.
Queda claro que una
corrupción de estas dimensiones y de esta tradición es uno de los principales
obstáculos hacia el desarrollo sostenible. Mientras no se la reduzca
sustancialmente, son escasas las posibilidades de que los beneficios del
progreso económico y social alcancen a todos los paraguayos.
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