viernes, 31 de agosto de 2012

Información para quienes tienen que efectuar alguna diligencia ante cualquier organismo, público o privado: Actas de nacimiento, matrimonio y defunción no tienen fecha de vencimiento


La Comisión de Registro Civil y Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) reiteró que las actas certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción no tienen fecha de vencimiento, por lo tanto las instituciones públicas y privadas deben abstenerse de solicitar a los ciudadanos las copias de estos documentos actualizados o con determinada fecha de expedición.

En un aviso oficial, la comisión informó que las copias certificadas de documentos vitales sólo requerirán renovarse en caso de que estén deteriorados e ilegibles.

Igualmente, informó que la prestación del servicio de Registro Civil es "completamente gratuito" y, en consecuencia, "está prohibido cancelar emolumentos o colaboración por los trámites relativos a la inscripción de las actas y la emisión de sus copias certificadas, realizados en las oficinas y unidades de registro civil".

La comisión añadió que si algún ciudadano se encuentra con alguna de estas situaciones puede informarlo en la Oficina Nacional de Registro Civil, en las  oficinas  electorales situadas en cada estado del país o enviar su comentario o queja a través del portal oficial en internet www.cne.gob.ve/registrocivil, en el buzón de sugerencias que allí aparece.

A partir del año 2010, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Registro Civil, le corresponde al CNE asumir lo correspondiente a la organización y funcionamiento del Registro Civil venezolano.

Fuente: AVN 


martes, 21 de agosto de 2012

Sigue el drama con los medicamentos: Recomiendan clasificación arancelaria para medicamentos

El vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Ángel Márquez, planteó la posibilidad de sugerir al Gobierno la creación de un código arancelario propio para los medicamentos terminados clasificados por Cadivi dentro del grupo “Los demás”.

Indicó que si las autoridades desconocen cuáles son estos productos y que, por esta razón, no son considerados prioritarios, entonces los laboratorios están dispuestos a proporcionar la información que requieran para otorgarles un código propio a cada uno.

La semana pasada, una resolución publicada en Gaceta Oficial redujo la lista de productos que no requieren del Certificado de No Producción para ser importados. Quedaron excluidos de la lista 82% de los medicamentos terminados que se traen al país y alrededor de 12% de los principios activos necesarios para la producción farmacéutica nacional. En total, son 2.337 productos los que pasaron a lista 2.

Esto implica que para estos rubros los tiempos de importación pueden aumentar hasta 90 días, dependiendo del caso. Márquez señaló que para la población puede traducirse en “baches” o fallas específicas en la distribución de algunas medicinas, debido al incremento del plazo para traerlos al país.

“Siempre va a haber una falla cíclica porque necesitamos más tiempo para abastecer”, dijo. Sin embargo, los laboratorios afiliados a Cifar mantienen el compromiso ético de brindar a la población acceso a los productos farmacéuticos que comercializan. Algunos medicamentos que pasaron a la lista 2 son los tratamientos para enfermedades crónicas –diabetes, antiasmáticos, problemas de colesterol–, así como antiinflamatorios, antihistamínicos, antibióticos, entre otros.

Otros problemas. La deuda de los laboratorios con proveedores extranjeros está en alrededor de 200 millones de dólares.

Las asignaciones de divisas siguen siendo mucho menores que el año pasado. No obstante, para el sector lo más alarmante es el atraso en los tiempos de liquidación, de acuerdo con datos de Cifar.

En lo que va de año, el promedio de asignación de divisas para importar medicamentos y principios activos es de 130 días, mientras que durante el mismo período de 2011, este lapso rondaba los 29 días.

Otro factor que la industria farmacéutica ve con urgencia es la revisión de los precios congelados de 1.400 medicamentos desde 2003. Desde entonces, los costos han subido notablemente. El vocero de la cámara indicó que el rezago respecto a la materia prima importada es 205%, a la nacional 748%, mano de obra 930%, gastos de distribución 722% y otros costos de fabricación 656%. Actualmente, 50% de los medicamentos que circulan en Venezuela son importados y el resto de producción nacional.

Márquez aseguró que la medida arancelaria afecta a los importadores y a fabricantes, pero que en el último caso, el aumento del tiempo para ingresar la materia prima incidirá en la industria nacional.

Fuente: elinformador.com.ve

Malas prácticas y errores terapéuticos

¿Cuáles son los peligros de acudir con un “terapeuta” improvisado, o a una terapia falaz?

La  mayoría de los terapeutas involucrados en métodos falaces suelen ser personas que realmente están convencidas de la efectividad de la psicoterapia que promueven ignorando la dinámica profunda y delicada de los procesos psíquicos, sin darse cuenta que el tratamiento con el cual trabajan carece de fundamento, efectividad y relevancia sanitaria. Algunos tienen conocimientos parciales en psicología, y otros simplemente leyeron un libro que les inspiró, y quieren universalizar su sentimiento a través de una “nueva técnica”. 

Debido a que carecen de la formación profesional que conlleva dedicarse a la salud mental  representan un riesgo a la salud de los pacientes por los errores terapéuticos que sólo se pueden evitar con una formación sólida, una supervisión continua, y un estricto apego a las normas éticas y deontológicas de los profesionales sanitarios.

Asamblea Nacional venezolana prepara Ley contra la Mala Praxis Médica

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) adelanta la discusión del proyecto de Ley contra la Mala Praxis Médica, debido a las denuncias que se han presentado sobre procedimientos “inescrupulosos” realizados en centros de estética o de salud que han provocado lesiones graves y hasta muertes de pacientes.

El diputado Edgard Lucena, integrante de la comisión, informó que en la ley se incluye al área de las ciencias médicas, “especialmente patólogos (clínicos) y especialistas en las disciplinas que más generan muertes por esas intervenciones”. Explicó que el texto será trabajado con parlamentarios de la comisión de Desarrollo Social Integral, en base a un anteproyecto que fue consignado en el período parlamentario 2005-2010, que servirá de base para agregar las propuestas que se hagan en el transcurso del debate. Las consultas de la ley comenzarán en septiembre, luego del receso de la AN.

En la exposición de motivos del texto que se encuentra en la comisión de Desarrollo Social señala que “la responsabilidad de la mala praxis de salud, puede generar: a) Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública o Privada por funcionamiento anormal, como norma en la prestación de los servicios de salud; b) Responsabilidad individual penal y/o civil de los profesionales de la Medicina cuando se compruebe que obraron de manera culposa, causando, según el caso, lesiones culposas u homicidio culposo y, c) Responsabilidad gremial del profesional de la medicina, prevista en la Ley de Ejercicio de la medicina”.

Se argumenta en el texto que la ley se justifica porque “en los últimos 10 años, ha existido un incremento en los reclamos Judiciales en virtud de la mala praxis de la salud y ello no es por una simple casualidad, sino por una verdadera explosión ocurrida en todo el pueblo venezolano, motivado al conocimiento que el mismo tiene de sus derechos y con un especial énfasis en los derivados de la Constitución”.

Agrega que “de acuerdo con la nueva realidad de una Venezuela Socialista se hace indispensable la necesidad de elaborar una Ley que tenga como fin primordial garantizar, promover y vigilar el derecho a la salud, el derecho a la vida, al desarrollo humano y a la calidad de vida, ello mediante el establecimiento de normas que rijan la conducta de los profesionales de la salud, con el único objetivo de salvaguardar la integridad física y mental del paciente, vigilando el cumplimiento de los procedimientos médicos, con fundamento a sus principios  tipificando los delitos que se deriven de la mala praxis médica y sus sanciones”.

El articulo 1 del anteproyecto expresa como objetivo primordial garantizar y promover el Derecho a la Salud, el Derecho a la Vida, al Desarrollo Humano y a la calidad de vida contemplados como Derechos Sociales fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mediante el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir  todos los profesionales de la salud desde Instituciones Médicas y médicos hasta enfermeras y auxiliares, que confluyan en la atención del paciente, a los fines de salvaguardar la integridad física y mental del mismo, así como garantizar la observancia de los procedimientos por profesionales de la salud, con fundamento en sus principios médicos, así como la tipificación de los delitos que se derivan de la mala praxis en salud y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al paciente humano”.

En tanto, el artículo 2 señala que son sujetos de ley: todos los profesionales de la salud, médicos y otros profesionales de la salud como odontólogos, bionalistas, radiólogos, enfermeras y auxiliares. También contempla el anteproyecto su aplicación a Instituciones Médicas que participen o hayan participado en la atención del paciente, según lo establecido en la Ley.

Fuente:Scoop.it


Parlamento nacional venezolano investigará denuncias sobre mala praxis médica

La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, hará seguimiento a un conjunto de denuncias que ha recibido el Poder Legislativo, sobre negligencia y mala praxis médica con la finalidad de sancionar y generar una propuestas que permita ponerle coto a esta situación, que en los últimos años, se ha cobrado varias vida en nuestro país. 

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Comisión, diputado José Javier Morales (PSUV/Trujillo), quien informó que durante la plenaria de este miércoles, los diputados nombraron una sub comisión especial que investigará los distintos casos han llegado al Parlamento para presentar, en los próximos días, un informe a los fines de que se pueda tomar una decisión para detener y sancionar a los responsables. 

Morales, sostuvo que en los últimos meses se han registrado muchísimas denuncias, por parte de los familiares de las víctimas, en lo relativo a esta situación, motivado, al parecer, a la proliferación de centros e institutos estéticos, que no cumplen con los permisos sanitarios."Son centros que no tienen la permisología ni la experiencia para brindar este tipo de atención. 

Mucho de ellos, se encuentran, en centro comerciales y ni si quiera cumplen con los requerimientos de salubridad mínimos", agregó el diputado.Informó que la Sub Comisión Especial estará a cargo del diputado Edgar Lucena (PCV/Táchira) y la conforman además los diputados; Juan Carlos Alemán (PSUV/DC), Raúl Álvarez Bracamonte (PSUV/Carabobo) y José Antonio España (PJ/Miranda).

Asimismo el diputado José Javier Morales añadió que en función de los resultados que arroje la investigación se presentará una reforma a las leyes que regulan esa materia o una propuesta nueva a los fines de que sea sometida a la cámara legislativa.

"No se descarta, luego de que recabe toda la información sobre esta situación, que se conforme una comisión mixta, entre la Comisión Permanente de Política Interior y la Comisión permanente de Desarrollo Social Integral, para que elabore una propuesta de ley", argumentó.

Grabaron a médicos cuando planificaban ocultar un caso de mala praxis

El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta (Provincia de Argentina) podría convertirse en escenario de un verdadero escándalo si se confirma que un grupo de médicos intentó armar una coartada para ocultar que un niño llamado Luciano Martínez, murió tras ser víctima de mala praxis.

La maniobra podría quedar en evidencia por un audio en el que se escucha, cómo los galenos tratan de consensuar una estrategia de comunicación que los exima de responsabilidades.

El ministro de Salud de esa provincia, Enrique Heredia, contó al diario El Tribuno que recibió el material de manos de un concejal, a quien “se lo tiraron por debajo de la puerta”.

Una lesión fatal

El chico que perdió la vida tenía siete años, era oriundo de la localidad de Isonza y llegó al HPMI por un fuerte golpe en la cabeza que sufrió cuando jugaba en la escuela. Como el niño no paraba de vomitar y presentaba síntomas de pérdida de estabilidad, desde el hospital de Cachi decidieron enviarlo a un centro de mayor complejidad para que le realizaran estudios más avanzados.

Según relata El Tribuno, el chico llegó a la 1 de la madrugada al Hospital Público Materno Infantil, pero recién 12 horas después fue sometido a una tomografía que detectó la existencia de un traumatismo encefalocraneano que obligaba a intervenirlo quirúrgicamente. Sin embargo, 48 horas después de la operación, el chico murió.

Hablan los médicos

En las últimas horas la emisora FM Cadena Máxima difundió un audio que pondría en serios problemas a los médicos que atendieron a Luciano, porque allí se escucha que planifican cómo explicar el hecho y no sufrir consecuencias por la posible mala praxis que provocó el deceso del niño.

“Hay problema con este chico, el problema digamos… periodístico. Entonces tenemos que definir bien los tiempos, acordar bien los informes y todo eso, porque si no, se presta a confusión. Y los problemas, bueno, son para todos…”, dice uno de los médicos que participan de la reunión.

Luego, la misma persona comienza a analizar lo que sucedió: “Desde el punto de vista médico hay una situación compleja, desde el aspecto de que este chico estuvo demasiado tiempo con un coágulo importante en la cabeza”.

Hasta que los médicos llegaron a la conclusión de que estaban ante un cuadro quirúrgico (tras una demorada tomografía), el chico “sufrió un paro respiratorio y tras ser estabilizado pasó al quirófano”.

“Esto creo que es definitorio, el chico evoluciona mal después de la cirugía: se pone muy inestable, con presiones intracraneales inmanejables, y se pidió una tomografía de control, donde presenta una lesión traumática secundaria de tipo vascular con infarto cerebral bilateral, no tiene que ver con el golpe en sí…”, reconoce el mismo médico.

“El coágulo fue evacuado, el tema fue el tiempo que pasó para la evacuación. Esa es la realidad desde el punto de vista quirúrgico. Yo entiendo que hay otra realidad desde el punto de vista institucional…”, apunta la misma persona.

Luego interviene otro hombre que indica: “Nos van a pedir explicaciones de esto. Nosotros tenemos que argumentar que el chico estaba en buenas condiciones cuando ingresa acá y no se le pide la tomografía porque el protocolo dice que no es necesario”.

“Esto entre nosotros y a puertas cerradas: la tomografía se tendría que haber pedido al ingreso… A cualquiera de nosotros se nos va a preguntar. El argumento tiene que ser este, como defensa y protección médica, porque si no, acá alguna cabeza va a rodar. Si esto sigue… porque ya están pidiendo una reunión en Diputados…”, apunta el segundo implicado en el audio.

Intervienen abogados

Ante esta situación, el secretario de Salud de Salta señaló:”Yo todavía estoy analizando la grabación, porque eso a mí me llegó anteanoche y estoy en La Rioja; pero ya mis abogados se han contactado y yo escribí una consulta oficiosa al Colegio de Médicos, que recomendaron a las autoridades del hospital que lo analicen (al audio) con su estamento legal y que hagan las denuncias que corresponden”.

“Les pidieron que, si piensan que hay una maniobra en contra de la ética médica o el secreto profesional, se haga la presentación correspondiente y, si ven que hay una parte legal o de delito, también lo hagan”, manifestó Heredia.

Finalmente el funcionario pidió precaución: “No se pueden plantear definiciones en este tema que es bastante complejo y difícil de probar”. “Falta saber quién va a identificar (las voces de la grabación) y si esto si va a ser un medio de prueba para la Justicia o no”, completó.

Fuente: infobae



sábado, 18 de agosto de 2012

La enseñanza de la Farmacia en Venezuela

Los albores de los estudios de Farmacia en Venezuela, se remontan al Real Tribunal del Protomedicato, cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio de las profesiones sanitarias (médicos, cirujanos y farmacéuticos), ejercer funciones docentes y atender a la formación de esos profesionales. Originario de España (s. XV), se extendió a las colonias en el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, cuando fue suprimido. En el ámbito farmacéutico, su labor consistió en regular el funcionamiento de las Boticas, para lo cual debía visitarlas y levantar el respectivo informe. También se encargó de lo atinente a las licencias de los practicantes que debían desempeñarse en ellas.
En 1827, el Protomedicato es sustituido por la Facultad Médica, entre cuyas competencias encontramos: Revalidar y otorgar Títulos a los Boticarios extranjeros, visitar e inspeccionar las Boticas y vigilar todos los aspectos de la práctica farmacéutica. Su régimen fue discriminatorio, ya que reconocía como farmacéuticos a quienes habían obtenido su grado en Europa, pero no hacía lo propio con los nacionales.
El plan de estudios de la Facultad Médica contempló la asignatura "Materia Médica y Farmacia" y a partir del 1 de julio de 1874, la Universidad Central de Venezuela inició un programa sobre Historia Natural obligatorio para los aspirantes a ejercer la farmacia.
La Facultad Médica comienza su decadencia y es sustituida en el año 1883,  mediante el Decreto de instrucción Superior y Científica emitido por Antonio Guzmán Blanco, por el Consejo de Médicos. Quedó así eliminada la Facultad Medica y se creó el Colegio de Médicos y el Consejo de Médicos, con sede en Caracas; este último tenía por misión, la vigilancia del ejercicio de la medicina y la farmacia; también estaba facultado para conferir títulos de farmacéutico, dentista y partera y se le permitió emitir licencias para el establecimiento de boticas. En dicho decreto se obvió mencionar los estudios de Farmacia, que anteriormente estaban incluidos dentro de los de Medicina, pero se cita por primera vez la asignatura "Medicina Legal y Toxicología", la cual formaba parte de los estudios de Medicina.
Hasta finales del siglo XIX no existió en Venezuela enseñanza universitaria de la Farmacia.
En fecha 30 de junio de 1894, durante el gobierno del general Joaquín Crespo, el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela promulgo la Ley de Farmacia, mediante la cual se crearon las Facultades de Farmacia que debían funcionar en las Universidades Central de Caracas, la del Zulia y la de los Andes. En dicho decreto se estableció que dichas Facultades dependerían de las de Medicina, y estarían conformadas por los farmacéuticos titulares residentes en el lugar donde estuviera la Universidad. El curso de Farmacia lo constituirían cuatro cátedras: Física general, con las asignaturas calor y electricidad; Química inorgánica y orgánica y química analítica aplicada a la Farmacia; Botánica, Zoología y Mineralogía; y Farmacología y Toxicología. Según el decreto, las Universidades otorgarían los grados de Bachiller y de Doctor en Farmacia.
En abril de 1904 el Código de Instrucción Publica elimina de las Universidades, las Facultades de Farmacia y las transforma en escuelas dependiente de la facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, atribuyéndole la potestad para conceder el Titulo de Farmacéutico.

En marzo de 1928 el Presidente Juan Vicente Gómez dicto un decreto en el que ordenaba construirle a la Universidad los edificios que requería y reabrir la Facultad de Ciencias Medicas con las Escuelas de Medicinas, Farmacia y Dentistería. Probablemente influyeron en esta favorable hacia la Universidad de los Andes los sucesos de 1928 en Caracas, protagonizados por un importante grupo de estudiantes y el cierre de la Universidad Central. El 27 de Julio de ese año se promulga la ley del Ejercicio de la Farmacia, que regula entre otras materias no solo la práctica de la profesión sino también la publicidad de medicinas, el despacho de formulas y los turnos farmacéuticos. A esta ley le siguió la de Narcóticos de junio de 1930, derogada en 1934 por la de Estupefacientes.
  
En 1941, durante el gobierno del General Eleazar López Contreras, el Congreso Nacional elevo las Escuelas de Farmacias de las universidades Central y de los Andes, a la categoría de Facultades, autorizándolas para otorgar el Título de Farmacéutico (4 años de estudio) y de Doctor en Farmacia (5 años de estudio).
En el año 1946, se crea la Facultad de Farmacia y Química, con dos Escuelas: la de Química y la de Farmacia, y en el año 1953, la Ley de Universidades incluye entre las Facultades universitarias a la Facultad de Farmacia, separándola de la antigua Facultad de Farmacia y Química. De allí en adelante, nuestra facultad ha gozado de plena libertad académica, administrativa, investigativa y funcional, para la formación del recurso farmacéutico que requiere el país.
El Reglamento de la Facultad de Farmacia del año 1960, se establece la creación de menciones, de las cuales una debe seleccionarse para cursarla como obligatoria.
En el año 1969, se adopta un plan de estudios por semestre, con un total de diez semestres. Es un pensum orientado a preparar a los estudiantes que ejercen en la Facultad de una manera integral.
En el año 1999, el Consejo de la Facultad aprueba el nuevo currículo, con el objeto de transformar y modernizar la carrera de acuerdo a las nuevas tendencias del ejercicio profesional. El nuevo pensum establece que las asignaturas obligatorias deben garantizar la formación básica y profesional integral del Farmacéutico. Nuevamente se vuelve al sistema por año, el que ha permanecido hasta la actualidad. 

Hasta aquí, un recuento breve de cómo han evolucionado los estudios de Farmacia en nuestro país.

martes, 14 de agosto de 2012

Medicamentos & embarazo: Sistemas de clasificación de fármacos y algunos recursos útiles

El embarazo y los fármacos que pueden prescribirse a las embarazadas, constituyen temas que siempre han sido materia de gran preocupación. Por ser la condición de estas personas de alto riego, comúnmente se les conoce como “pacientes comprometidos”, lo que determina un tratamiento farmacológico (médico u odontológico) especial, para la madre y consecuentemente para el feto. A partir del año 1979, luego de la tragedia de la talidomina en EEUU, la FDA implantó un sistema de clasificación de medicamentos para mujeres embarazadas, precisamente para descartar posibles reacciones adversas a los medicamentos.

Posteriormente, otros países siguiendo el ejemplo de USA, también adoptaron sistemas de clasificación de medicamentos para su uso en embarazadas. Los más conocidos son el sistema de clasificación Swedish Catalogue of Approved Drugs (FASS), y el Australiano (Australian Drug Evaluation Committee (ADEC), que en 2010 fue reemplazado por el Advisory Committee on Prescription Medicines (ACPM).

Según indica un estudio publicado en el Drug Safety del año 2000, sólo 1 de cada 4 medicamentos se clasificaba con similar categoría de riesgo de estos tres sistemas de clasificación citados. Las diferencias se atribuían a la disparidad entre las definiciones, así como en la disparidad de literatura y fuentes consultadas para determinar el riesgo de los medicamentos.

Algunos aspectos que pueden ser de interés sobre los sistemas de clasificación, son: Al sistema de clasificación de la FDA se le atribuyen ciertas limitaciones. Las categorías americanas son designadas con las letras A, B, C, D y X, en orden creciente de riesgo estimado. Las drogas de la categoría A son consideradas usualmente seguras en el embarazo, y las de la categoría X están contraindicadas. Esto no quiere decir que un medicamento catalogado como C sea más seguro que uno catalogado como D. (En la categoría C se incluyen muchos medicamentos a los que se les asigna esa categoría al aprobarlos). Algo muy importante que se obvia en este y todos los sistemas de clasificación de fármacos es el periodo de exposición al fármaco. (Leer más)

Artículo original, en Hemos leído



La Fotografía Forense

La Fotografía Forense constituye uno de los significativos avances determinantes en el desarrollo la Medicina Legal. En 1835 Daguerre y Niepce comenzaron a retratar a los delincuentes con la finalidad de establecer su identidad, y dejar un registro de antecedentes. Posteriormente, al inventar Madox la placa fotográfica seca, se establecen las bases de la actual fotografía.

Alphonse Bertillon (1853-1914) médico y antropólogo, estandarizó las fotografías de identificación y las imágenes usadas como evidencia. Desarrolló la “fotografía métrica” que permitió reconstruir las dimensiones de un lugar y la ubicación de los objetos allí encontrados. Indicó que las fotografías de la escena del crimen debían hacerse antes de que se produjese cualquier tipo de alteración y que dentro de la imagen deberían colocarse cintas con medidas impresas (testigo métrico) para facilitar la identificación del tamaño del objeto o lugar. El fotógrafo debía tomar las fotografías, colocado frontal y lateralmente a los objetos. Sus instrucciones en la actualidad se siguen respetando.

Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929), experto en fotografía y ciencias forenses. En 1906 fue nombrado profesor de medicina forense en la Universidad de Lausana. En 1909 diseñó el primer programa académico de ciencias forenses y el Instituto de policía científica (Instituto de ciencia forense) en la Universidad de Lausana. Publicó dos libros de ciencia forense "Fotografía judicial" (Fotografía Forense), Mendel, París, en 1903 y la primera parte de su importante contribución "Manual de Policía científica. I: Manual de ciencia forense I: robos y homicidios, Payot, Lausana y Acan, París, 1911. El Instituto celebró su centenario en 2009 y ha crecido hasta convertirse en la Escuela de Ciencias Criminales, contando con especialidades como Ciencia forense, Criminología y derecho penal, todo ello con el concurso de la Facultad de derecho y justicia penal de la Universidad de Lausanne.

Luego en 1884, se establecen las reglas a seguir al fotografiar a los delincuentes con fines identificativos. Por tanto, al establecer determinadas normas, convierte el arte fotográfico en una técnica con fines judiciales.

La intervención de la fotografía forense y sus aportes en los procesos judiciales para la resolución de casos fue de tal importancia, que ameritó en 1909, la creación del Instituto de Policía Científica, hoy considerado como el más importante y prestigioso en el mundo para estudio de carreras de post grado en Criminología y Criminalística. La iniciativa de Reiss se basó en las técnicas de investigación policial aplicadas en la época en Europa (Bertillonage, fotografía, y el estudio de venenos en los cuerpos de las víctimas), y que por entonces algunos Jueces de Instrucción comenzaban a solicitar en sus investigaciones.

Finalmente, la aplicación de la fotografía en las investigaciones judiciales (Fotografía Forense), tiene como propósito obtener un documento objetivo, imparcial, fijo e inmutable, que se constituye en elemento valioso en la investigación científica de los delitos, ya que este medio aporta un registro exacto y permanente del lugar del hecho. Indudablemente que también es recomendable, que junto a la fijación fotográfica, se emplee adicionalmente el levantamiento planimétrico, y croquis geométricos descriptivos de todos y cada uno de los lugares.

Fuente: El farmacéutico y la experticia toxicológica (L.E.LealG)

Toxicología: El primer forense mahonés en el CSI del siglo XVIII

Comprar aspirinas hoy es tan fácil como lo era conseguir arsénico en el siglo XVIII. Se utilizaba en medicamentos de farmacia y veterinaria, en raticidas, en la fabricación de pinturas, en la agricultura. Era una sustancia tan accesible que durante un siglo fue la reina de los envenenamientos. La situación se disparó hasta tal punto que provocó la aparición de los primeros forenses y peritos judiciales. Un CSI primario en el que el papel de Gil Grissom lo encarnaba el menorquín Mateu Orfila.
Mateu Orfila (1787-1853)

Nació en Mahón en 1787 en una familia de origen campesino. Su padre quería que fuera marino pero, después de un intento frustrado, Mateu decidió optar por la ciencia. Estudió Medicina en Valencia mientras que aprendía química a través de las obras de autores franceses y de los experimentos que él mismo realizaba. Después pasó a Barcelona y a Madrid y finalmente llegó a París. Su prestigio le convirtió en médico de cámara de Luis XVIII, Carlos X y Luis Felipe I, además de presidente de la Academia Nacional de Medicina de Francia.

La relación que Orfila establecía entre química y medicina le llevó a la toxicología. Fue Paracelso quien planteó que una misma sustancia puede ser un alimento, un veneno o un fármaco dependiendo de la dosis en que se administre. «Sin embargo hasta aquel momento se pensaba que los tóxicos se quedaban en el tubo digestivo. Mateu Orfila fue el primero en demostrar que pasaban al resto de órganos y que lo hacían con mayor frecuencia a unos o a otros dependiendo del tipo de sustancia», asegura la profesora de Toxicología de la UIB, Antònia Costa.

Paralelamente a su obra teórica –Traité des poisons– el menorquín realizó continuas demostraciones prácticas. Fue pionero en la aplicación de un método científico a la experimentación con animales, principalmente perros, a los que envenenaba para luego analizar síntomas y consecuencias.

Por aquel entonces el escándalo del arsénico comenzó a llegar a los juzgados. «El alto número de envenenamientos forzó a que los científicos desarrollaran métodos para analizar estas sustancias. Y los juicios fueron una ayuda importante para hacer aparecer la toxicología moderna», afirma Costa. Muchos químicos se convirtieron en repentinos forenses y en peritos judiciales.

Pese a que Orfila participó en numerosos juicios el que más expectación levantó fue el caso Lafarge. A principios de 1840 Charles Lafarge –dueño de la fragua de la abadía de Glandier– moría tras una corta enfermedad que le había torturado con vómitos y fuertes dolores de estómago. Su esposa, con la que se había casado hacía poco en una boda concertada por la familia, fue casi instantáneamente acusada de envenenamiento por arsénico. Cuando comenzó el juicio, médicos y farmacéuticos fueron convocados para pronunciarse sobre la culpabilidad. La rotura de uno de los tubos en los que realizaban las pruebas retrasó el proceso y el abogado defensor de Madame Lafarge contactó con Mateu Orfila para que se sumara al esclarecimiento de caso.

Mientras que el resto de análisis químicos seguían el principio clásico que necesitaba la obtención de arsénico en estado metálico como prueba judicial, el menorquín aplicó el nuevo ensayo de Marsh. Un complicado proceso que combinaba con hidrógeno los alimentos o las partes del cuerpo sospechosas de contener arsénico para producir arsina: una sustancia más fácil de descomponer y en la que poder demostrar la presencia o no del arsénico.

«En aquella época era complicado ser tajante sobre la existencia de arsénico. Normalmente los análisis químicos se realizaban en casos en los que había ya muchas sospechas, pero los cuerpos exhumados por ejemplo no se protegían de la contaminación ambiental. Nada evitaba que se impregnaran del arsénico que también hay en la tierra, aunque sea en una proporción mínima», explica Antònia Costa. Una situación que se produjo también en el caso Lafarge donde fueron necesarias cuatro pruebas –con conclusiones contradictorias entre sí– y la exhumación del cadáver antes de dar un resultado concluyente.

En septiembre de 1840 le correspondió a Mateu Orfila la responsabilidad de cerrar aquel capítulo: su informe final afirmaba haber encontrado arsénico en los restos del fallecido. Madame Lafarge fue condenada a cadena perpetua, aunque el gobierno la indultó pocos días antes de su muerte.

Fuente: elmundo.es

Sobre el uso racional de los medicamentos

Por uso racional de los medicamentos (OMS) se entiende su uso correcto y apropiado. Para que haya un uso racional, el paciente debe recibir el medicamento adecuado, la dosis debida durante un tiempo suficiente, al menor costo posible. La OMS calcula que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o expenden de forma inapropiada, y que la mitad de los pacientes no los toman correctamente.

1.- Uso incorrecto de los medicamentos. El uso incorecto de los medicamentos se produce cuando se incumple algunos de los supuestos contemplados en la definición anterior, y  se producen problemas entre los cuales encontramos:
  • Polifarmacia (OPS consumir más de 3 medicamentos simultáneamente);
  • Uso excesivo de antibióticos;
  • Prescripción no ajustada a directrices clínicas;
  • Automedicación inapropiada.
2.- Consecuencias del uso incorrecto de los medicamentos
  • Resistencia a los antimicrobianos. El uso excesivo de antibióticos aumenta la resistencia a los antimicrobianos y el número de medicamentos que dejan de ser eficaces para combatir las enfermedades infecciosas.
  • Reacciones adversas a los medicamentos y los errores de medicación. Cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas, puede generar RAM. Los errores de medicación anulan la eficacia del tratamiento y pueden provocar lesiones o muerte del paciente.
  • Desperdicio de recursos. Entre un 10 a 40% de los presupuestos sanitarios de los países, se gasta en la compra de medicamentos.
  • Pérdida de confianza del paciente. El uso excesivo de medicamentos escasos contribuye a menudo al agotamiento de existencias y al aumento de los precios hasta niveles inasequibles, lo cual merma la confianza del paciente.
3.- Factores que contribuyen al uso incorrecto de los medicamentos
  • Falta de conocimientos teóricos y prácticos. Dudas sobre el diagnóstico, falta de conocimientos farmacológicos de los involucrados en el proceso, inexistencia de información independiente y de oportunidades para efectuar un seguimiento de los pacientes, son factores que contribuyen a la prescripción y dispensación inadecuadas de los medicamentos.
  • Manejo inapropiado y contrario a la ética en la promoción de medicamentos, por parte de las empresas farmacéuticas. La mayoría de los prescriptores obtienen información sobre los medicamentos, directamente de los fabricantes. Esto conduce al uso excesivo o inadecuado del medicamento en detrimento de la salud del paciente. En algunos países la publicidad de medicamentos que necesitan receta va dirigida directamente al consumidor, lo cual puede llevar a los pacientes a presionar a los médicos pidiéndoles medicamentos innecesarios.
  • Beneficios de la venta de medicamentos. En muchos países se prescriben y venden medicamentos sin receta, privilegiando el factor económico mediante ofertas, lo cual conduce al consumo excesivo de medicamentos, en particular de los más peligrosos y caros.
  • Disponibilidad de medicamentos sin restricciones. En algunos países la prescripción de medicamentos –antibióticos- se hace libremente, sin receta, que conduce al consumo excesivo, a la automedicación inapropiada y a la inobservancia de los regímenes posológicos. Afortunadamente esta tendencia tiende a desaparecer, con la implantación del plan “medicamentos controlados”.
  • ·  Sobrecarga de trabajo del personal sanitario. Muchos prescriptores disponen de poco tiempo para al paciente paciente, generando diagnósticos y tratamientos deficientes basados en hábitos de prescripción, por la carencia de tiempo para actualizar sus conocimientos sobre los medicamentos.
  • Medicamentos inasequibles. Cuando los medicamentos son inasequibles, los pacientes no pueden comprarlos, o las cantidades que adquieren no cubren un tratamiento completo, lo que ocasiona que busquen alternativas de medicamentos de calidad no garantizada adquiridos a través de Internet u otras fuentes, o los medicamentos que han sido prescritos a sus familiares o amigos.
  • Inexistencia de políticas farmacéuticas nacionales coordinadas. Las políticas básicas recomendadas por la OMS para garantizar el uso apropiado de los medicamentos solo se aplican en menos de la mitad de los países. Dichas políticas incluyen medidas e infraestructuras apropiadas para monitorizar y reglamentar el uso de los medicamentos, y para capacitar y supervisar a los profesionales sanitarios que realizan las prescripciones.

4.- Medidas para mejorar el uso racional de los medicamentos

  • Creación de organismos nacionales que coordinen las políticas sobre el uso de los medicamentos y hagan un seguimiento de sus repercusiones;
  • ·Directrices clínicas basadas en datos probatorios destinadas a la capacitación, supervisión y apoyo a la toma de decisiones relacionadas con los medicamentos;
  • ·Listas de medicamentos esenciales para ser utilizadas en la adquisición de medicamentos y los reembolsos de los seguros;
  • ·Creación de comités distritales y hospitalarios de medicamentos y tratamientos que apliquen intervenciones para mejorar el uso de los medicamentos y efectúen un seguimiento de sus efectos;
  • ·Formación en cursos de farmacoterapia a los profesionales involucrados y formación  continua como requisito para ejercer la profesión;
  • ·Información pública independiente y no sesgada sobre los medicamentos;
  • ·Fomento de la educación de la población en materia de medicamentos;
  • ·Eliminación incentivos que facilitan la prescripción incorrecta, como la venta de medicamentos con ánimo de lucro por parte de los prescriptores, que ven así aumentados sus ingresos;
  • Formulación de normativas que garanticen que las actividades de promoción de medicamentos, se ajustan a criterios éticos;
  • Financiación suficiente para garantizar la disponibilidad de medicamentos y personal sanitario.
Fuente:OMS