El pasado 24 de julio entró en
vigencia la Ley 10/2013, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español
las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.
La Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
es el marco legal en el que se encuadran todas las disposiciones relativas,
entre otras, a la evaluación, autorización, registro, fabricación,
almacenamiento,
distribución y seguimiento de la relación beneficio-riesgo de
los medicamentos que hacen posible las garantías de seguridad, calidad y
eficacia de los mismos.
Desde su aprobación, se han
producido diversas modificaciones de la configuración jurídica de la Unión
Europea habida cuenta de la experiencia acumulada y tras distintas actuaciones
de evaluación efectuadas por la Unión Europea en algunas de las materias relacionadas
con el sector farmacéutico, como son la farmacovigilancia de los medicamentos,
el refuerzo de la calidad de los medicamentos y la protección de la cadena de
suministro ante el riesgo de los medicamentos falsificados, o las
modificaciones de las autorizaciones de comercialización de medicamentos, con
el objeto de eliminar diferencias en las legislaciones nacionales y garantizar
el correcto funcionamiento del mercado interior de los medicamentos, así como
un alto nivel de protección de la salud pública y de la salud de las personas y
animales, que obligan a nuestro país a revisar la normativa interna vigente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario